“Justicia climática y energética ya: exigimos acción”
Estamos viviendo una profunda crisis donde, a la situación de emergencia climática, se suma ahora una continua escalada de precios e incertidumbres por la dependencia de los combustibles fósiles. Además, a la injusticia climática que supone que los menos responsables del problema sean los que sufren las consecuencias de manera más acusada, se suma ahora la injusticia energética, donde los oligopolios están teniendo beneficios extraordinarios mientras la ciudadanía nos empobrecemos. Exigimos a los gobiernos que aceleren la transición energética hacia un modelo eficiente, justo, democrático y renovable; que proteja a las personas más vulnerables y garantice el acceso a un medio ambiente limpio y sano, declarado recientemente como un derecho humano universal por la Asamblea General de Naciones Unidas.
“El retraso en la acción climática significa muertes”. Así valoraba Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, las conclusiones del informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) sobre los impactos de la crisis climática y la adaptación necesaria. La emergencia climática es una crisis de derechos humanos de una magnitud sin precedentes y la falta de una respuesta adecuada a la crisis climática está provocando violaciones de los derechos humanos. Al menos 3.600 millones de personas viven ya en situación de enorme riesgo climático y la reducción de emisiones, la adaptación y la justicia climática son la única respuesta posible. En España, este mismo año, hemos sentido gravemente los impactos del cambio climático, con terribles olas de calor, incendios forestales, sequía y otros fenómenos extremos.
El modelo de crecimiento ilimitado mediante la continua quema de combustibles fósiles y la destrucción de los ecosistemas debe cesar. La ciencia indica que es necesario realizar reducciones más profundas y más rápidas de gases de efecto invernadero. De hecho, en el Estado español estas reducciones deberían descender hasta alcanzar la neutralidad climática antes de 2040. Sin embargo, los últimos datos de emisiones de la Unión Europea muestran que se está recuperando la tendencia al alza de las emisiones que se registraba antes de la COVID (en España aumentaron un 5,1% en 2021 con respecto al año anterior). Un año y medio después de la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático hay muchas medidas políticas que siguen sin alinearse con las recomendaciones establecidas por el IPCC.
Una acción que debe de ampliarse más allá de nuestras fronteras, dando respuesta a la responsabilidad histórica y a la deuda de carbono que nuestro territorio tiene con gran parte del Sur Global. En una situación de clara injusticia, una serie de países enfrenta ya hoy las más graves consecuencias del cambio climático cuando no son responsables de ello. Mientras, los países del Norte Global, incluida España y el resto de la Unión Europea, no aportan la financiación que deben e incluso frenan el desarrollo de instrumentos para acelerar la mitigación y la adaptación al cambio climático y para afrontar globalmente las pérdidas y los daños.
La guerra de Ucrania ha dejado patente la estrecha dependencia entre los combustibles fósiles, los conflictos geopolíticos, militares y un sistema económico depredador de la vida. Las consecuencias de la misma se están multiplicando, incrementando al alza los precios de servicios tan básicos como la alimentación o el acceso a la energía, derechos fundamentales para el bienestar humano. Enfrentar la emergencia climática requiere avanzar hacia la soberanía alimentaria y energética, unos cambios que producirán impactos positivos en el planeta al tiempo que reducen nuestra nociva dependencia de las energías fósiles. La promoción de modelos intensivos en la alimentación, del vehículo privado y de las nuevas infraestructuras fósiles son apuestas erróneas con enormes implicaciones negativas sociales y ambientales, tal como recuerda el IPCC. Apostar por reactivar gaseoductos o regasificadoras prolonga la dependencia de nuestro país de los combustibles fósiles y frena recursos que necesitamos urgentemente para la transición energética justa y la protección de los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras.
Las advertencias climáticas y científicas son cada vez mayores, y las consecuencias cada vez más catastróficas, por ello nos movilizamos. Las organizaciones firmantes exigimos a los gobiernos reunidos en la COP27 que incrementen de forma inmediata la acción climática.
Al Gobierno de Navarra le exigimos una contribución decidida y comprometida a la financiación de la adaptación de las personas y comunidades más vulnerables del planeta, coherente con su responsabilidad climática, así como fondos adicionales para compensar las pérdidas y daños resultado de la emergencia climática. Además, el Gobierno debe creerse los objetivos que ha asumido en la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética, creerse la declaración de emergencia que hizo en 2019 y poner los presupuestos, los recursos y las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, incluso aumentarlos, en coherencia con las indicaciones científicas y la justicia social. Un proceso de revisión que debe realizarse con la participación de la ciudadanía, las entidades científicas y la sociedad civil organizada, a través de una asamblea ciudadana, en el que se debe anteponer la protección de un futuro vivible y una transición justa frente a los beneficios de un modelo de crecimiento inviable que nos está llevando a un colapso ambiental y social.
Es hora de pasar de las declaraciones, de los planes, de los proyectos, de las leyes a los hechos. Basta ya de bla, bla, bla. Basta de hilar un discurso en torno a la acción climática y la transición energética y desmentirla con los hechos, aliándose con el gran capital e impulsar proyectos que atentan contra el clima como Mina Muga, el TAV, Recrecimiento de YESA o el coche eléctrico privado.
Es hora de poner en marcha, y que se refleje en leyes y presupuestos lo declarado, una fiscalidad climática que penalice a quien más tiene y a quien más contamina, planes de movilidad que se ejecuten, no simple papel mojado, las energías renovables en suelo urbano o urbanizable, y educación, recursos para la educación ambiental.
No podemos dejar que quiénes nos han llevado hasta aquí sigan retrasando las soluciones, poniendo en grave peligro un futuro digno para las presentes y futuras generaciones. Por todo ello, desde Alianza por el Clima de Navarra, hemos organizado en Pamplona una COP27 alternativa, con actividades dirigidas al empoderamiento de la ciudadanía. El momento es ahora y es nuestro momento, el de toda la sociedad. Para ello hemos organizado durante todo el mes de noviembre casi 30 actividades diferentes entre talleres, charlas, cine, debates, concentraciones… con la participación de más de 20 colectivos sociales, además de las que participamos habitualmente en Alianza por el Clima, redes, plataformas… Porque alternativas hay muchas, posibilidades hay muchas… pero todas pasan por reaccionar cuanto antes.
El tiempo para actuar se agota y nos jugamos TODO en esta lucha, ANTE LA INACCIÓN DE LOS GOBIERNOS, EL RUGIR DE LA CALLE EXIGIENDO,
¡QUE NO CAMBIE EL CLIMA, QUE CAMBIE EL SISTEMA!
Organiza: Alianza por el Clima Navarra
Acción Clima, Errotxapeako Txirringudariak, Attac Navarra – Nafarroa, EQUO Navarra – Nafarroa, REAS Navarra, ReforestAcción Nafarroa, Greenpeace, Ekologistak Martxan, Fridays For Future Iruña, Teachers for Future Iruña, XR Iruña, Setem Nafarroa, CGT Nafarroa, Oxfam Intermón, Erleak, Suma con Causa, Ingeniería sin fronteras …
Participan:
Geltoki, Katakrak, Martes al Sol, Opcions, Carro de Combate, Onddalan Koop, Erleak, Plataforma contra las Macrogranjas de Navarra, OMAL, Azokoop, Sobremesa, Sembrando Futuros, Ekotopaketak, Masacrítica Iruña, Red Navarra contra la Pobreza y la Exclusión Social, Som Energía – Energia Gara, Traperos de Emaús, Goiener, Fiare, Mugarik Gabe Nafarroa, Plataforma por la Soberanía Alimentaria de Navarra, Guerrarik Ez