La ES que viene demostrando desde hace décadas un compromiso firme y constante con los objetivos de desarrollo sostenible mucho antes de que el conjunto de países que conforman la ONU los estableciera como prioritarios en el año 2015 creando la Agenda 20-30 que ahora pretende guiar gran parte de las agendas institucionales.
Esta es una oportunidad para hacer frente a muchos de los retos sociales de este siglo desde una perspectiva humanista, feminista y ecologista, desarrollando formas de actividad económica que equilibren objetivos económicos, sociales y medioambientales, redistribuyan equitativamente los recursos y excedentes, satisfaciendo las necesidades esenciales de las personas. Es la Justicia social la que posibilita unas sociedades pacíficas e inclusivas, y para ello es necesario efectivamente unas instituciones fuertes que apuesten sin complejos por políticas que profundicen en la erradicación de la pobreza como primer escalón hacia una justicia social real.
Las administraciones públicas son conscientes del enorme impacto del sistema financiero sobre el espacio público y sobre las distintas capas sociales por lo que deben comprometerse con un sistema financiero éticamente orientado.
