Introducción

La contratación pública responsable es una política y práctica institucional que consiste en incluir criterios sociales y ambientales en los procedimientos públicos de compra y contratación de bienes, productos y servicios.

Se trata, por tanto, de tener en consideración en los procedimientos de contratación pública criterios relacionados, entre otros, con la igualdad entre mujeres y hombres, la sostenibilidad ambiental, el respeto de las convenciones y regulaciones locales e internacionales en materia laboral, la inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social y la de quienes son excluidas del mercado laboral por motivos relacionados con su diversidad funcional, el respeto hacia los derechos humanos en todo el ciclo de vida de un producto o servicio (producción, comercialización y venta), etc.

Esta práctica ofrece un incremento de oportunidades de acceso al mercado público a las empresas y entidades de la economía social y solidaria, tanto a través de la posibilidad de acceder a contratos reservados, como por las propias características de este sector que prioriza, en su trabajo y en las características de los bienes y servicios que oferta, los valores y criterios mencionados.

La compra pública supone un gasto anual en la UE situado según diferentes estudios, entre el 14% y el 19% del PIB, por lo que podemos constatar la importancia de esta actividad. Por su carácter público, es de suma importancia garantizar que se desarrolle desde criterios democráticos de trasparencia y control ciudadano, así como desde la responsabilidad pública de contribuir al bien común, al bienestar de las personas y a la promoción de políticas de sostenibilidad social y ambiental.

Se trata, por tanto, de una potente herramienta para el impulso de políticas públicas que, además, tiene un valor ejemplarizante entre la ciudadanía y las empresas, a la hora de promover un consumo crítico, consciente y transformador. Por otro lado, a través de su regulación, puede reorientar las prácticas empresariales para que incorporen los criterios de responsabilidad exigidos en los procedimientos públicos de contratación.

El adjetivo “local” de esa Contratación Pública Responsable se refiere a la incorporación en los pliegos de consideraciones que atiendan a la conexión con un territorio determinado, siempre que se respeten los principios de concurrencia, igualdad y no discriminación de la contratación pública. Según jurisprudencia del TJUE esto requiere “que se apliquen de manera no discriminatoria, que estén justificadas por razones imperiosas de interés general, que sean adecuadas para garantizar la realización del objetivo que persiguen y que no vayan más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo”

Estas “consideraciones territoriales” que en el marco del Pacto Verde Europeo y motivado por la necesidad de reducir los GEI, se han ido incorporando inicialmente para el ámbito de la compra pública alimentaria (producto local, de proximidad o de circuito corto), se están extiendiendo hacia otros ámbitos como son el de la construcción sostenible, así como en el de la energía, despuntando como herramientas pŕacticas para hacer frente a la despoblación y al reto demográfico incorporándose abundantemente con ese fin en la normativa autonómica y estatal más reciente.

En el Estado español, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) y en la Comunidad Foral de Navarra la LF 2/2018 de Contratos Públicos en Navarra, incorporan de forma clara y determinante la práctica de la contratación pública responsable, trasponiendo directivas anteriores de la UE y atendiendo a prácticas pioneras de instituciones locales, así como a demandas históricas de organizaciones ciudadanas y de la economía social y solidaria.

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