En cuanto a los objetivos de la contratación púbica, la actual regulación (LFCP: preámbulo y art. 2señala los de lograr una mayor transparenciaen su desarrollo, así como conseguir una mejor relación calidad-precio.

Así mismo, toda contratación pública, establece en su finalidad, que se deberán incorporar de manera transversal y preceptiva criterios sociales y ambientales (que guarden relación con el objeto del contrato).

A pesar de ser una práctica extendida y mal entendida en las administraciones públicas, hay que insistir que la oferta más ventajosa no es aquella de menor coste económico, sino la que guarda una mayor vinculación entre la calidad y el precio del bien o servicio, para lo que se debe tener en cuenta la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores. De hecho, se ha sustituido el concepto de “oferta económica más ventajosa” por el de la “mejor relación calidad-precio” en los criterios de adjudicación de un contrato (LFCP: art. 2.3).

La inclusión de estos criterios no solo redunda en la mejora en la relación calidad-precio, sino que además proporciona una mayor y mejor eficiencia en el gasto público y facilita el acceso a la contratación pública a las pequeñas y medianas empresas, así como a las de economía social y solidaria.